Por Alberto Acosta (*) La Constitución de Montecristi no fue un mero trámite en nuestra historia nacional. Fue la condensación jurídico-política de las irreductibles y esforzadas luchas sociales y populares. Y es la condición para un proyecto de vida en común, surgido de las propuestas, agendas e imaginarios del pueblo ecuatoriano. Pretender cambiar la Constitución por el atajo de las componendas institucionales, de espaldas a la voluntad mayoritaria del pueblo que la construyó y aprobó, es un atentado contra la democracia y una afrenta al derecho de participación de los ecuatorianos y las ecuatorianas.
Los cambios enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, y que esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional, prefiguran una grave afectación de la Constitución aprobada por el pueblo en las urnas. Apuntan a la transformación de la estructura básica del Estado. Sobre todo porque plantean perennizar en el poder a las autoridades de elección popular. De este modo se contribuirá al mayor deterioro de nuestra institucionalidad política.
Los cambios enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, y que esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional, prefiguran una grave afectación de la Constitución aprobada por el pueblo en las urnas. Apuntan a la transformación de la estructura básica del Estado. Sobre todo porque plantean perennizar en el poder a las autoridades de elección popular. De este modo se contribuirá al mayor deterioro de nuestra institucionalidad política.