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'A nuestros lectores', dice El Universo, que alguno puede ser mío

La Ley Orgánica de Comunicación se aprobó en junio de 2013, en medio de muchos cuestionamientos de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la ONU, de organismos defensores de los derechos humanos y de las libertades de expresión y de prensa, como Human Rights Watch, Freedom House, World Association of Newspapers, Reporteros sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas, Sociedad Interamericana de Prensa y prestigiosos medios de comunicación del mundo.
La ley contemplaba el nombramiento de un superintendente de Comunicación, elegido de una terna presentada por el presidente de la República. El designado fue el licenciado Carlos Ochoa, hasta ese momento presentador estelar de noticias de Gamatv, canal incautado y al servicio del Gobierno, con una línea muy dura en contra del periodismo independiente. El proceso de designación recibió algunas críticas...
A pesar de nuestro desacuerdo con la ley, por considerarla inconstitucional y violatoria de derechos humanos fundamentales y de los convenios internacionales que los garantizan, así como del evidente prejuicio del superintendente en contra de la prensa libre, fieles a nuestra tradición de respeto a las leyes de la República, nos dispusimos a acatarla.

Un año más tarde, pese a todas las pruebas en contra, el superintendente concluyó que otra caricatura de Bonil, relacionada con una intervención del legislador oficialista Agustín Delgado durante una sesión en la Asamblea, tenía “contenido discriminatorio en razón de condición socioeconómica” y este Diario fue obligado a publicar disculpas en el impreso y por siete días consecutivos en la página web; pero, además, se ofició a la Fiscalía General para que investigue la posible comisión del delito de discriminación. La Fiscalía resolvió archivar el expediente por NO haber encontrado elemento alguno de la comisión del delito antes referido.

En el mes de marzo de este año se reformó el reglamento del procedimiento para el juzgamiento de las infracciones a la Ley de Comunicación, el cual violenta elementales estándares del debido proceso, obligatorios en el Ecuador por estar protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos de plena obligatoriedad en el país, que mencionaremos más adelante.

En el mes de mayo, la Secom presentó una denuncia en contra de este Diario porque, según ellos, no se publicó una réplica como debe ser “toda vez que no se publicaron los contenidos diagramados de manera íntegra”. EL UNIVERSO cumplió con la ley que manda publicar la réplica y con el reglamento que ordena la publicación de “los argumentos de la réplica”. Ninguno de los instrumentos legales manda publicar títulos, diagramación, tipografía o diseño solicitados por el reclamante. Cumplimos, eso sí, con lo que señala la ley, la publicación gratuita, en la misma página, sección y espacio y en las 72 horas siguientes. Se recibió la notificación de la fecha de la audiencia tres días hábiles antes de su realización, sin que hubiera el tiempo necesario para preparar los medios adecuados para la defensa, se nos concedió solo 20 minutos para presentar nuestros argumentos, a pesar de que ni la ley, ni el reglamento limitan las intervenciones. Además, no llegamos al proceso, ni fuimos escuchados en condiciones de igualdad, puesto que la demandante era la Secom, que depende administrativa y financieramente de la Presidencia de la República, de acuerdo con el Decreto 386, y el juzgador es nombrado de una terna enviada por el presidente. Es decir que el demandante y el juzgador tienen el mismo origen.


Con estos antecedentes, dos años después de aprobada la ley, tenemos motivos para decir que hemos sido juzgados de manera absurda y arbitraria, en completo estado de indefensión, violando estándares básicos del debido proceso protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Tenemos razones para pensar que el juzgador carece de elemental independencia para conocer y resolver denuncias contra este Diario, por los antecedentes, origen de la designación y comportamiento durante el ejercicio de su función. Más aún si la denuncia procede de la Función Ejecutiva o de instituciones gubernamentales.

El domicilio de Diario EL UNIVERSO es Guayaquil. A pesar de ello y de existir una oficina regional de la Supercom en esta ciudad, se nos obliga a comparecer para ejercer nuestra defensa en Quito. También se nos ha querido obligar a señalar domicilio físico en esa ciudad, a lo que nos hemos negado.

En uno de los casos que aludimos, el delegado del superintendente nos negó la presentación de algunas pruebas que considerábamos importantes para nuestra defensa.

El superintendente, quien debe presidir el tribunal especial de la Supercom, no ha asistido a ninguna de las audiencias públicas de sustanciación, que son el único momento que tiene el acusado para ejercer su defensa y presentar pruebas. Quien preside la audiencia, por delegación, es un funcionario de la Supercom. El superintendente no asiste, pero es quien firma la resolución.

Por lo expuesto, con la certeza de que estamos en estado de indefensión, EL UNIVERSO ha decidido acogerse al principio de la supremacía constitucional que garantiza nuestro derecho al debido proceso y al derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de la Constitución, hasta que la Supercom con sus procedimientos administrativos, garantice la seguridad jurídica y el debido proceso.

LA DIRECCIÓN
Diario EL UNIVERSO
Guayaquil, 10 de junio de 2015

CON 'LOS CINCO SENTIDOS DEL PERIODISTA', según Ryszard Kapuściński (1932-2007).

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