Los escritores Juan
Gelman, Eduardo Galeano, Jorge Majfud y Emilio Cafassi criticaron a la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) por el traslado de la jueza Mariana Mota y la declaración de
inconstitucionalidad de la ley 18.831, que permitía juzgar los abusos de militares durante la dictadura uruguaya. La jueza, dijo esto no debería quedar así. No hay una conciencia de lo que tenemos enfrente; los delitos de terrorismo de Estado, que no prescribieron ni prescribirán nunca. La carta de los escritores...
La justicia en su laberinto. Cuando las leyes son más importantes que los derechos humanos.
La justicia en su laberinto. Cuando las leyes son más importantes que los derechos humanos.
'La Suprema Corte de Justicia de
Uruguay acaba de consolidar la consagración de la impunidad para los
peores criminales de lesa humanidad de la historia moderna de ese país.
El proceso que ha llevado a este resultado es claro.
Un primer paso consistió en la
decisión de trasladar a la Dra. Mariana Mota al ámbito de lo civil,
desafectándola de su titularidad en el juzgado penal. La Dra. Mota tenía
en su sede más de de cincuenta causas referidas a las gravísimas
violaciones a los Derechos Humanos durante el período del terrorismo de
Estado en los años 70. El Estado y el propio poder judicial pusieron
toda clase de obstáculos a sus investigaciones, además de cuestionar su
compromiso con la lucha por la vigencia de los derechos humanos, cuando
deberían ser su principal garante. Con esta medida, la Corte de Justicia
confirmó la ausencia de justicia que víctimas, allegados y la sociedad
toda viene padeciendo desde hace décadas. Al mismo tiempo, la Corte
uruguaya ignoró la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Gelman vs Uruguay, además de cuestionar la
independencia del poder judicial.
En línea con el mismo propósito o
resultado, la Suprema Corte acaba de declarar inconstitucional la
recientemente promulgada ley interpretativa que intentaba superar la
llamada "ley de Caducidad" que desde 1986 impide el proceso de todos los
autores de crímenes amparados por la pasada dictadura militar. Esta ley
fue declarada inconstitucional por la misma Corte años atrás.
El argumento sobre el cual se basó
esta nueva decisión radica en que no se puede aplicar una ley de forma
retroactiva, cosa que sí realiza la propia ley de Caducidad. Se ha
argumentado que la retroactividad se aplica sólo cuando la ley beneficia
al reo. No es posible condenar retroactivamente a alguien por algo que
hizo cuando en su momento no era definido como delito. No obstante, la
ley de Caducidad es retroactiva desde el momento en que contradice las
leyes que regían cuando se cometieron los delitos.
En otro momento, la misma Corte
Suprema de Justica de Uruguay define las violaciones cometidas en una
dictadura y con la complicidad del Estado de la época como "delitos
comunes". Lo cual automáticamente transforma un delito de lesa humanidad
en una causa prescriptible. No obstante, estos "delitos comunes" fueron
cancelados, precisamente, por una ley promulgada para proteger a un
grupo especifico de criminales, la Ley de Caducidad de 1986. Ni siquiera
se otorgó un perdón a reos condenados por sus crímenes: el Estado
renunció a someternos a investigación y a juicio.
No obstante, más allá de una disputa
técnica y sobre la filosofía que rige y cambia cada cierto tiempo las
obviedades jurídicas, nuestro reclamo se basa en valores más universales
y permanentes, como lo son la garantía de los derechos individuales más
básicos, como la integridad física, la libertad, y la reparación moral.
Por lo expuesto, como intelectuales y
trabajadores de la cultura y el conocimiento, repudiamos estas
decisiones de la SCJ y exigimos el fin de la impunidad y la condena de
todos los criminales del terrorismo de Estado en Uruguay.
Todo Estado y toda institución de
cualquier país existen para proteger la integridad física y moral, el
derecho a la libertad y la verdad de cada uno de sus ciudadanos. Nunca
al revés. Aceptar la violación de uno solo de los derechos humanos
contra uno solo de los ciudadanos de un país con la complicidad del
Estado o de alguna de sus instituciones, afecta y lesiona la legitimidad
de todo el Estado.
Rechazamos cualquiera de las excusas
que niegan el derecho a la justicia y la verdad. Sin verdad no hay paz;
sin justicia no hay democracia.
Los derechos humanos no se mendigan. Se exigen.
Emilio Cafassi, Eduardo Galeano, Juan Gelman, Jorge Majfud'
