Libros prohibidos, periodista proscrito y militares silenciados.
Esta semana una jueza con nombre vaticano o científico,
Sixta Amarillis, censuró el libro
“El caso Glas, lo que sufrió Alicia en el país de las maravillas”, del abogado Pedro Granja. La suspensión se aplicó mediante una medida cautelar con la cual pretexta
“proteger” los derechos constitucionales de la familia de
Jorge Glas Viejó, padre del vicepresidente Jorge Glas, quien fue hallado culpable y sentenciado por la violación a una menor de edad que estudiaba en la escuela de la cual el violador era director. Y además, la dejó embarazada. Curioso, pero la jueza de la Unidad Judicial
Especializada en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Guayaquil, se preocupó del honor del violador, pero no del honor de la violada.
Otro claro problema de libertad de expresión, que se suma a la censura al libro sobre el violador Glas, fue la incautación de 10.000 libros
La Roca, de Óscar Caranqui, quien no vive para contarlo. El autor, curiosamente asesinado en la entonces flamante cárcel de 'máxima seguridad', revelaba secretos que ponían en jaque a autoridades policiales y de gobierno.
A ello, se suma esta semana la proscripción de Fernando Villavicencio, y la prohibición para que el Comando militar vaya a la Asamblea a opinar sobre la ley que afecta el futuro de sus jubilaciones y al ISSFA.
Poco antes, el Capirán Ortega, se atrevió a responder a una carta masiva del presidente Correa, lo que hizo en privado. Pero, aunque no era una orden del presidente, la respuesta del oficial criticada y se anunció será sancionada. Advierto, todo esto es más grave de lo que parece.
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